ADVERTIMOS EL COLAPSO

La salud colombiana entre promesa, irresponsabilidad y quiebra

Hace un tiempo publiqué unas columnas en Ecos del Combeima, la cadena de noticias más importante del Tolima y con influencia nacional, liderada por mi amigo de infancia Juan Pablo Sánchez:

• ¿Y mis medicamentos, qué? Una verdad que nadie quiere contar
• Nos está matando la incertidumbre
• Los juegos del hambre
• ¡Salud en crisis! ¿Y los candidatos?

En esas cuatro columnas insistí, una y otra vez, en una idea central: el sistema de salud colombiano tiene un diseño conceptualmente sólido, pero es estructuralmente inviable, porque prometió más de lo que podía financiar, en un entorno profundamente corrupto y sin priorización explícita del gasto. Colombia diseñó un sistema con arquitectura “de primer mundo” —aseguramiento, solidaridad, plan amplio y cobertura masiva— sostenido sobre una base económica propia de un país de ingreso medio. Ese choque, inevitablemente, iba a pasar factura.

Colombia construyó uno de los sistemas de salud más ambiciosos del mundo en términos de cobertura y derechos, pero lo sostuvo sobre una base financiera débil, permeada por corrupción estructural y sin priorización explícita del gasto. Lo advertí hace años. Hoy, el sistema ya no está en debate ideológico: está en estrés financiero, operativo y ético. El problema no es el concepto del modelo, sino la incompatibilidad entre lo que promete y lo que puede pagar, agravada por corrupción sistémica y mala gobernanza.

Desde hace más de una década —y de manera reiterada en columnas publicadas entre 2020 y 2025— he señalado que los problemas estructurales del sistema se resumen en tres fallas principales:

1. Corrupción sistémica, no como excepción, sino como mecanismo de funcionamiento.
2. Financiación insuficiente, con pocos cotizantes sosteniendo a millones de beneficiarios en un país con alta informalidad laboral.
3. Un plan de beneficios cada vez más amplio, sin priorización clara ni respaldo fiscal real.

La frase era —y sigue siendo— simple y contundente: sin equilibrio financiero, ningún sistema de salud es sostenible.

Entre 2025 y el inicio de 2026, lo que antes parecía una discusión técnica se volvió una experiencia cotidiana para los ciudadanos: filas interminables, demoras, servicios cerrados y, sobre todo, medicamentos que no llegan.

Aquí conviene aclarar algo que suele confundirse: muchas veces no se trata de que el medicamento no exista, sino de que el sistema no tiene cómo pagarlo ni cómo entregarlo. Contratos mal diseñados, pagos tardíos, operadores financieros asfixiados y una cadena logística rota terminan afectando al último eslabón: el paciente.

Mientras tanto, la incertidumbre institucional —reformas anunciadas, archivadas o fragmentadas— genera un efecto perverso: las EPS retienen recursos para protegerse, las IPS reducen servicios para no quebrar y el sistema se vuelve defensivo. El resultado no es ideológico: es clínico. Pacientes que empeoran esperando atención.

Colombia quiso hacerlo todo al mismo tiempo: cobertura universal, plan de beneficios casi ilimitado, judicialización como válvula de escape y control de precios, sin una base financiera suficiente ni una lucha efectiva contra la corrupción. Esto no es un juicio moral; es un diagnóstico técnico.

Cambiar quién administra los recursos —EPS o Estado— no corrige el déficit estructural. Sin financiación adecuada, sin priorización explícita y sin control real de la corrupción, cualquier modelo está condenado a fallar.

¿Hay futuro? Sí, pero no con discursos.

El mejor futuro posible pasa por decisiones difíciles, pero responsables: decir la verdad sobre lo que el sistema puede y no puede pagar; priorizar lo esencial —lo que salva vidas y tiene mayor impacto en salud pública—; blindar los recursos contra la corrupción con trazabilidad real y sanciones efectivas; y fortalecer la atención primaria, pero con financiación y talento humano, no solo con nuevas siglas.

Priorizar no es quitar derechos: es proteger el derecho a lo verdaderamente esencial.

El sistema de salud colombiano no colapsó por falta de ideas, sino por exceso de promesas sin respaldo. Lo advertimos. Hoy los síntomas son visibles para todos.

Aún es posible evitar la quiebra definitiva, pero eso exige honestidad, técnica y coraje político. Seguir negando el problema no salva al sistema: solo posterga el colapso y aumenta el costo en vidas.

Sí, se necesita una reforma. Pero no una reforma retórica ni meramente administrativa: una reforma de sostenibilidad, priorización y control real.

La responsabilidad de los legisladores en Colombia —senadores y representantes a la Cámara— va mucho más allá del cálculo político. En materia de salud, sus decisiones no son abstractas ni ideológicas: tienen consecuencias clínicas reales. Lo dije en una columna hace años y hoy lo repito con más evidencia: la incertidumbre también mata. En términos prácticos, aumenta la mortalidad.

No es posible seguir sosteniendo el sistema de salud colombiano tal como está planteado y funcionando hoy, esperando que “aguante un poco más”. No va a aguantar. Si no se reestructura, colapsará, y lo hará llevándonos al peor de los escenarios: menos acceso, más gasto de bolsillo, más inequidad y más muertes evitables.

El diagnóstico es conocido y ha sido reiterado: corrupción estructural, financiación insuficiente y un plan de beneficios sin priorización clara ni respaldo fiscal. No es una discusión nueva, ni ideológica, ni partidista; es una realidad técnica.

Lo que ha agravado la crisis no es solo la fragilidad del modelo, sino la parálisis legislativa. Un Congreso que hunde reformas sin ofrecer soluciones estructurales no está defendiendo el sistema actual: está dejando que se hunda junto con él.

La incertidumbre institucional genera un efecto en cadena:

• las EPS se protegen financieramente,
• las IPS reducen servicios para no quebrar,
• los operadores colapsan,
• y los pacientes esperan… hasta que empeoran o mueren.

Esto no es retórica: es epidemiología.

He sido crítico de la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro, y lo sigo siendo. Tiene vacíos graves, riesgos evidentes y errores de diseño. Pero también dije algo que hoy muchos prefieren callar: la reforma tenía apartes necesarios, especialmente en promoción, prevención y reordenamiento del sistema.

Y planteé algo que sigue siendo válido: ante un sistema que ya no es sostenible, puede ser más responsable aprobar una reforma imperfecta y corregirla en la reglamentación, que hundirla sin ofrecer una alternativa viable.

Lo que hizo el Congreso fue lo segundo. Y al hundir la reforma, no salvó la Ley 100 de 1993: dejó intacto un sistema que ya camina hacia la quiebra técnica y financiera.

En este escenario, los legisladores no pueden esconderse detrás de discursos partidistas. Reestructurar el sistema de salud exige que muchos políticos se desprendan de intereses personales, algunos de ellos abiertamente económicos y corruptos, otros estrictamente electorales.

Por eso merece destacarse la actitud de parlamentarios que entendieron la magnitud del problema y actuaron con sentido de responsabilidad, aun pagando un costo político. Tal fue el caso del representante Gerardo Yepez, quien permitió que la reforma avanzara para su discusión en la Comisión Séptima. Fue duramente señalado por sectores de su propio partido, pero su decisión fue coherente con algo que hoy escasea en la política colombiana: poner al país por encima del cálculo partidista.

La salud no admite más dilaciones. No es posible seguir legislando como si el tiempo no tuviera consecuencias. Cada mes de indefinición:

• deteriora el acceso,
• incrementa la mortalidad evitable,
• empuja a millones a la medicina particular,
• y rompe el principio de equidad.

La pregunta ya no es si se necesita una reforma. La pregunta es si el Congreso está dispuesto a asumir su responsabilidad histórica. Porque no decidir también es decidir. Y en salud, no decidir mata.