Migración, demografía y criminalidad: Lo que dicen los datos y lo que repite la política

La migración mundial ha existido desde el mismo momento de la creación del ser humano. Con matices distintos, pero finalmente como fenómenos migratorios que, de cierta forma, comparten problemas, particularidades, ventajas y desventajas semejantes.

Hoy, con las tecnologías actuales, es más fácil conocer lo que sucede en el mundo. Las noticias se difunden con mayor rapidez y los datos son más accesibles para aproximarnos a la realidad con base en información verificable.

Independientemente de las ideologías políticas de los gobiernos, de las líneas políticas o de los intereses expansionistas de los reinados y monarquías cuando existieron —o donde aún existen—, todas las épocas han tenido momentos de aceptación, rechazo e incluso discriminación frente a los fenómenos migratorios, y especialmente frente a los migrantes. No es nuevo que se culpe a la población migrante de los problemas que ocurren en una sociedad, ni que la violencia o los actos delictivos quieran atribuirse, en su mayoría, a esa misma población.

Hoy escuchamos cada vez más voces resonantes de gobernantes de Estados Unidos y de Colombia haciendo afirmaciones que merecen una atención especial y un análisis detallado de los datos para verificar su veracidad o falsedad. Indiscutiblemente, esto obliga a reflexionar. Y, propio de mi formación académica, científica e investigativa, me di a la tarea de revisar cifras, estudios y fuentes oficiales para responder algunas de las interrogantes que surgen de las afirmaciones de los gobiernos y que hacen eco en la población general:

¿Es la migración un foco de violencia?. ¿Es la migración un foco de pobreza?. ¿Es la población migrante ilegal la causa de todos los problemas de la sociedad estadounidense? ¿Es verdad que, si se expulsara a todos los migrantes de Estados Unidos, la situación demográfica, poblacional, económica y de seguridad mejoraría sustancialmente?.

Comencemos con un breve resumen de lo que expliqué ampliamente en una columna que escribí sobre la transición demográfica del siglo XXI. Hoy el planeta Tierra, luego de un rápido crecimiento en un período relativamente corto, ha llegado a poco más de 8.000 millones de seres humanos habitándolo. Sin embargo, la vigilancia poblacional mundial viene alertando desde hace varios años que la fecundidad total está descendiendo de forma sostenida y que, en más de la mitad de los países, ya se ubica por debajo del nivel de reemplazo generacional, alrededor de 2,1 hijos por mujer. Ese proceso estrecha la base de la pirámide poblacional y acelera el envejecimiento, lo que puede frenar el crecimiento de la fuerza laboral y aumentar la carga de dependencia, con efectos sobre el crecimiento económico, las finanzas públicas y la productividad.

Los datos muestran que África no es una excepción absoluta. También allí la fecundidad está cayendo. Según la Comisión Económica de la ONU para África, el promedio continental pasó de 6,6 hijos por mujer en 1960 a 3,8 en 2024, y seguiría bajando; incluso ya hay países africanos con fecundidad por debajo del reemplazo, como Cabo Verde, Mauricio y Túnez. A pesar de ello, África sigue siendo la región demográficamente más joven y con la fecundidad más alta del planeta.

La ONU proyecta que la población mundial seguirá creciendo durante varias décadas y alcanzaría un pico cercano a 10,3 mil millones hacia mediados de la década de 2080. El problema central no es una desaparición humana próxima, sino el desbalance etario entre menos nacimientos, más envejecimiento y menor crecimiento de la población en edad productiva en muchos países.

La OCDE estima que, sin políticas correctivas, el envejecimiento hará caer la población en edad de trabajar en el conjunto de países miembros y elevará la razón de dependencia; además, podría desacelerar el crecimiento del PIB per cápita. A su vez, el FMI muestra que, en economías avanzadas, los efectos demográficos adversos pueden amortiguarse con migración, mayor participación laboral y mayor productividad. Por eso, afirmar que países como Estados Unidos o Colombia “perderán competitividad” es plausible como riesgo, pero no inevitable.

Sobre África, la idea de una posible ganancia relativa de peso económico también tiene sustento, pero no es automática. La ONU para África estima que la población en edad de trabajar del continente pasará de 883 millones en 2024 a 1.600 millones en 2050. Sin embargo, el Banco Mundial y el FMI advierten que ese bono demográfico solo se convierte en crecimiento si existe suficiente creación de empleo, inversión en capital humano y mejoras de productividad; de lo contrario, el crecimiento poblacional puede traducirse en desempleo e inestabilidad.

Estados Unidos y Colombia ya están por debajo del nivel de reemplazo. La serie del Banco Mundial publicada por FRED reporta para 2023 una fecundidad total de 1,6165 en Estados Unidos y de 1,645 en Colombia, ambas claramente por debajo de 2,1.

En términos demográficos y económicos, la migración suele ser benéfica para países con fecundidad baja, como Canadá y Estados Unidos, y en cierta medida también puede serlo para Colombia. El matiz importante es que no constituye una solución automática. El propio FMI señala que el envejecimiento, la automatización y la migración pueden contrapesar pérdidas de productividad y de producto, y que la llegada de trabajadores más jóvenes a economías con alta dependencia por edad puede aliviar presiones demográficas; pero también advierte que ello exige integración laboral, vivienda, salud, educación e infraestructura.

En Canadá esto se observa con bastante claridad. Statistics Canada reportó una fecundidad total de 1,25 hijos por mujer en 2024, un mínimo histórico. Y la Oficina Parlamentaria de Presupuesto señaló que, en años recientes, el crecimiento poblacional fue impulsado casi por completo por la inmigración; cuando se frenó la entrada de residentes no permanentes, el crecimiento poblacional cayó hasta aproximadamente cero en 2025.

En Estados Unidos la lógica es parecida. La Reserva Federal explicó hace apenas unos días que una caída brusca de la inmigración puede llevar el crecimiento de la población de 16 años o más a niveles extremadamente bajos en 2026, debilitando el crecimiento de la fuerza laboral. En otras palabras: para una economía envejecida y con fecundidad baja, la migración no solo añade población, sino que ayuda a sostener el empleo, la oferta laboral y el crecimiento potencial.

En Colombia, el caso es más mixto. El FMI señala que el país enfrenta vientos en contra por el descenso de la natalidad y el envejecimiento poblacional. Al mismo tiempo, evidencia del Banco Mundial sugiere que la migración venezolana puede elevar el crecimiento del PIB en Colombia y en otros países receptores entre 0,15 y 0,30 puntos porcentuales por año si existe una integración adecuada. Además, el mismo FMI encontró que la migración venezolana no explica por sí sola la caída de la participación laboral colombiana y que, en varios análisis, los migrantes muestran una alta propensión a participar en el mercado de trabajo.

Ahora bien, no existe hoy una tasa de fecundidad oficial anual, publicada por el NCHS o el Census, específicamente para “mujeres indocumentadas”, ni una serie oficial anual limpia que compare indocumentadas versus residentes permanentes versus ciudadanas. Lo más cercano y sólido disponible hoy son estimaciones demográficas del Pew Research Center, construidas principalmente con ACS/CPS y ajustadas con datos oficiales de nacimientos del NCHS.

Lo último disponible indica que en 2023 hubo en Estados Unidos 320.000 nacimientos de madres indocumentadas o con estatus temporal legal, equivalentes a cerca del 9 % de los 3,6 millones de nacimientos del país. Dentro de ese total, Pew estima 300.000 nacimientos de madres indocumentadas. Además, estima unos 245.000 nacimientos en el subconjunto “madre indocumentada + padre no ciudadano o no residente permanente legal”.

“Indocumentada” no es lo mismo que “no residente”. Pew estima 20.000 nacimientos de madres con estatus temporal legal en 2023; aparte de eso, hubo alrededor de 9.000 nacimientos de madres que eran residentes de países extranjeros, una categoría distinta en los registros oficiales y no incluida dentro de esos 20.000.

Frente a la población general de Estados Unidos, el dato oficial sí es claro: en 2023 la tasa general de fecundidad fue de 54,5 nacimientos por 1.000 mujeres de 15 a 44 años, y la tasa global de fecundidad fue 1,621 hijos por mujer; en 2024 la tasa general volvió a bajar a 53,8 por 1.000.

Si uno hace una aproximación —y subrayo: aproximación, no tasa oficial— con los 300.000 nacimientos estimados por Pew para madres indocumentadas y el perfil demográfico del MPI para la población no autorizada en Estados Unidos (13,738 millones, de los cuales el 45 % son mujeres, con grandes contingentes en edades de 16-24, 25-34 y 35-44 años), el resultado ronda 78,4 nacimientos por 1.000 mujeres de 16 a 44 años. Si se añade el pequeño grupo de madres temporales legales, el valor subiría a alrededor de 83,7 por 1.000. Esto sugiere una intensidad de fecundidad por encima del promedio nacional, pero insisto: no es una TGF/TFR oficial, sino una inferencia demográfica aproximada.

Esa lectura, además, es coherente con evidencia histórica del propio Census, que en sus proyecciones demográficas recordó que, históricamente, las tasas de natalidad han sido más altas entre mujeres extranjeras no ciudadanas (78 por 1.000) que entre mujeres naturalizadas (53 por 1.000) y nativas (51 por 1.000). Ese dato no constituye una serie oficial específica de 2023 para indocumentadas, pero sí marca la dirección del patrón comparativo.

Podemos formular una primera conclusión: para países con fecundidad baja, la migración suele ser demográficamente útil y con frecuencia económicamente favorable, sobre todo cuando llega en edades laborales y se integra adecuadamente. En el caso de Estados Unidos, la mejor evidencia disponible apunta a que la fecundidad de madres indocumentadas o no ciudadanas es más alta que la media nacional, pero no existe una tasa oficial anual exacta publicada por el gobierno federal solo para ese subgrupo. Y una última precisión importante: para aliviar la escasez laboral a corto plazo, lo que más pesa es la migración de adultos jóvenes; los hijos nacidos hoy aportan, más bien, al equilibrio demográfico de largo plazo.

En un mundo donde la fecundidad cae por debajo del nivel de reemplazo y las sociedades envejecen con rapidez, la migración deja de ser solo un asunto humanitario o político para convertirse también en una variable estratégica de sostenimiento demográfico y económico. En países como Estados Unidos y Canadá, y en distinta medida también en Colombia, la llegada de población migrante joven puede amortiguar la reducción de la fuerza laboral, sostener la base contributiva y ayudar a preservar la competitividad, siempre que exista integración real al empleo, a la educación y a los sistemas sociales. La evidencia reciente muestra que la inmigración ha sido un factor clave para sostener el crecimiento poblacional y laboral en Norteamérica, mientras que la fecundidad estadounidense permanece por debajo del reemplazo. Además, las mejores estimaciones disponibles indican que las madres indocumentadas o con estatus temporal presentan una fecundidad superior al promedio nacional, aunque no exista una serie oficial anual exacta desagregada exclusivamente para “indocumentadas”. Por eso, presentar los nacimientos de hijos de inmigrantes únicamente como un problema distorsiona la realidad. En términos demográficos, esos nacimientos no son una amenaza para la sostenibilidad de la nación, sino parte de los mecanismos que pueden atenuar el envejecimiento, renovar la base poblacional y sostener, al menos en parte, la vitalidad económica futura.

El otro gran interrogante por resolver es la situación de criminalidad de un país, específicamente de Estados Unidos, y su relación con la población migrante ilegal o naturalizada, ya sea bajo residencia permanente o ciudadanía. La afirmación de algunos gobernantes según la cual la violencia recae mayoritariamente sobre esa población merece una revisión seria de la evidencia.

Tomando “residentes” como inmigrantes documentados o legalmente presentes, la evidencia disponible no respalda la idea general de que la violencia en Estados Unidos “radique” en los migrantes. Lo que muestran las mejores fuentes es algo más incómodo para el discurso político: no existe un sistema nacional completo que cruce crimen con estatus migratorio, pero la evidencia más sólida disponible tiende a mostrar tasas más bajas de arresto, condena y encarcelamiento entre inmigrantes que entre nacidos en Estados Unidos.

Lo primero importante es no dejarse engañar por la falta de datos. El FBI dice expresamente que su sistema UCR/NIBRS no recoge estatus migratorio ni ciudadanía de ofensores o víctimas. Y el GAO advirtió que no hay información nacional integral sobre ciudadanía en cárceles estatales y locales, precisamente donde está cerca del 90 % de la población encarcelada. Eso significa que cualquier afirmación tajante del tipo “los migrantes son los responsables principales del crimen” no puede sostenerse sobre una base nacional oficial completa.

Arrestos o “capturas”: la mejor fuente oficial que sí separa grupos es Texas. Un análisis financiado por el National Institute of Justice con datos de Texas halló que, entre 2012 y 2018, los indocumentados tuvieron las tasas de arresto más bajas entre los tres grupos comparados. En delitos violentos, la tasa fue de 213 por 100.000 para nacidos en Estados Unidos versus 96,2 para indocumentados; en delitos de drogas, 337,2 versus 135; en delitos contra la propiedad, 165,2 versus 38,5; y en homicidio, 4,8 versus 1,9. El mismo análisis señala que los documentados generalmente quedaron entre los nacidos en Estados Unidos y los indocumentados, y que no hubo evidencia de que la participación delictiva de los indocumentados creciera en ninguna categoría del período estudiado.

Condenas: aquí el mejor desglose comparable también proviene de Texas. Un análisis de las bases del DPS de Texas estimó que, entre 2013 y 2022, la tasa de condena por homicidio fue de 3,0 por 100.000 en nacidos en Estados Unidos, 2,2 en indocumentados y 1,2 en inmigrantes legales. Para todas las condenas penales, estimó 1.321 por 100.000 en nacidos en Estados Unidos, 685 en indocumentados y 551 en legales. Esto no constituye un tablero federal nacional, pero sí uno de los pocos análisis comparables basados en registros administrativos reales por estatus migratorio.

Encarcelamiento: a escala nacional, la serie histórica del NBER concluye que en 2020 los inmigrantes eran aproximadamente un 60 % menos propensos a estar encarcelados que los nacidos en Estados Unidos.

Para una fotografía más reciente, un análisis de la American Community Survey 2024 estimó una tasa de encarcelamiento de 1.195 por 100.000 para nacidos en Estados Unidos, 674 para indocumentados y 303 para inmigrantes legales. Ese mismo trabajo aclara que la cifra de indocumentados incluye personas detenidas por ofensas migratorias y en instalaciones de ICE; al excluir esas detenciones, la tasa estimada de indocumentados baja a 356 por 100.000. Esto debe leerse como una estimación estadística, no como un conteo administrativo perfecto, pero apunta en la misma dirección que la literatura previa: los legales son los menos encarcelados, luego los indocumentados, y por encima quedan los nacidos en Estados Unidos.

Cuando alguien utiliza el sistema federal para sugerir una “ola criminal migrante”, también hay que depurar el dato. La BJS reportó que al cierre de 2023 había 22.817 no ciudadanos en prisiones federales, equivalentes al 14,6 % de esa población federal. Pero la US Sentencing Commission muestra que en el año fiscal 2024 los no ciudadanos representaron el 34,7 % de las sentencias federales, y que dentro de ese grupo el 72,3 % de los casos correspondían a delitos migratorios, no al conjunto de delitos violentos o patrimoniales que la gente suele imaginar. Además, entre los no ciudadanos sentenciados a nivel federal, el 88,7 % fueron clasificados como “illegal aliens” y el 8,5 % como “legal aliens”. En otras palabras, mirar solo el sistema federal sobredimensiona la presencia de no ciudadanos porque el propio derecho migratorio federal criminaliza conductas de entrada, reingreso y otras similares.

Sobre la subclasificación por raza, aquí está la parte más honesta: no existe un desglose nacional oficial y confiable que cruce simultáneamente raza, ciudadanía o estatus migratorio, arresto, condena y encarcelamiento. Lo que sí existe con solidez oficial es la composición racial del encarcelamiento total. La BJS reportó que en 2023 la tasa de prisión de adultos fue de 1.218 por 100.000 en adultos negros, 1.045 en indígenas americanos o nativos de Alaska, 606 en hispanos, 231 en blancos y 88 en asiáticos/NHPI. Eso describe la desigualdad racial del encarcelamiento en Estados Unidos en general, no la mezcla exacta por estatus migratorio.

Existe una estimación reciente que concluye que los inmigrantes legales e ilegales tienen menores tasas de encarcelamiento que los nacidos en Estados Unidos dentro de la misma raza o etnia. Ese análisis da dos ejemplos muy claros: la tasa de encarcelamiento de los negros nacidos en Estados Unidos es 9,5 veces la de los negros inmigrantes legales, y la de los blancos nacidos en Estados Unidos es 5,1 veces la de los blancos inmigrantes legales. Pero conviene insistir: esto es una estimación con ACS, no una tabla oficial nacional del sistema penal.

Y cuando sí se baja a una desagregación racial más fina en un estudio oficial, el patrón no es uniforme ni simplista. En Texas, para tasas de homicidio entre 2014 y 2018, el informe del OJP/NIJ mostró que entre negros la tasa era mucho mayor en nacidos en Estados Unidos (10,95) que en inmigrantes (3,56); entre hispanos era muy parecida (3,32 frente a 3,43); entre asiáticos también similar y muy baja (0,54 frente a 0,62); y entre blancos el grupo inmigrante aparecía más alto (6,79 frente a 2,69). Allí “inmigrantes” incluye también naturalizados, no solo no ciudadanos. Eso confirma que la raza importa mucho y que “migrantes” no es un bloque homogéneo.

Mi conclusión, con el máximo rigor posible, es esta: las cifras no sostienen la tesis de que la violencia y la delincuencia en Estados Unidos estén principalmente impulsadas por migrantes. Lo que sí sostienen es que: primero, el país tiene un gran vacío de datos nacionales sobre estatus migratorio y crimen; segundo, donde sí hay comparaciones sólidas, los inmigrantes —incluidos los indocumentados— suelen mostrar tasas menores que los nacidos en Estados Unidos; y tercero, la conversación pública mezcla con frecuencia delitos comunes, delitos migratorios federales y detención administrativa como si fueran lo mismo, y no lo son.