Migración, demografía y criminalidad: lo que dicen los datos y lo que repite la política

La migración no es un accidente de la historia. Tampoco es una anomalía contemporánea. Ha acompañado al ser humano desde sus orígenes, con rostros distintos, causas diversas y consecuencias complejas. Cambian los mapas, cambian los idiomas, cambian los nombres de las fronteras y de los imperios, pero el desplazamiento humano ha sido una constante. Y con él también han persistido las mismas tensiones: el miedo, la sospecha, la necesidad, la oportunidad, la convivencia y, con demasiada frecuencia, la tentación de culpar al extranjero por las fracturas de una sociedad.

La diferencia es que hoy vivimos en una época en la que la información circula a una velocidad inédita. Nunca había sido tan fácil conocer lo que ocurre en otras regiones del mundo. Nunca había sido tan sencillo acceder a estadísticas, informes y bases de datos. Y, sin embargo, tampoco había sido tan fácil amplificar medias verdades, manipular percepciones y convertir consignas políticas en supuestas certezas sociales.

En Estados Unidos y en Colombia, como en muchos otros países, se escuchan con creciente insistencia discursos que presentan a la migración como sinónimo de violencia, desorden, pobreza o amenaza demográfica. Esas afirmaciones no deberían aceptarse ni rechazarse por simple afinidad ideológica. Deben examinarse. Deben contrastarse con evidencia. Deben ponerse frente a los datos.

Por eso vale la pena formular, con serenidad pero sin ingenuidad, algunas preguntas esenciales: ¿es la migración un foco de violencia? ¿Es la migración una causa estructural de pobreza? ¿Es la población migrante irregular responsable de los principales problemas sociales de Estados Unidos? ¿Mejoraría de manera sustancial la seguridad, la economía y la estabilidad demográfica del país si desaparecieran de un día para otro millones de migrantes?

La respuesta corta es no. La respuesta rigurosa exige algo más: mirar la realidad sin la distorsión del miedo.

La verdadera crisis: menos nacimientos, más envejecimiento

Uno de los errores más frecuentes del debate público es hablar de migración como si fuera un fenómeno aislado, desconectado de la estructura demográfica de las naciones. No lo es. Para entender lo que hoy ocurre en Estados Unidos, Canadá, Colombia y buena parte del mundo, primero hay que mirar el telón de fondo: la caída sostenida de la fecundidad y el envejecimiento de la población.

La humanidad superó ya los 8.000 millones de habitantes, pero eso no significa que el crecimiento poblacional vaya a sostenerse indefinidamente con la misma intensidad. Desde hace años, los sistemas internacionales de vigilancia demográfica vienen advirtiendo que la fecundidad total ha descendido de manera persistente y que, en más de la mitad de los países, ya se encuentra por debajo del nivel de reemplazo generacional, es decir, por debajo de los 2,1 hijos por mujer.

Ese dato, que para algunos parece abstracto, tiene consecuencias muy concretas. Cuando nacen menos niños durante muchos años consecutivos, la base de la pirámide poblacional se estrecha. Con el tiempo, la población envejece. Y cuando una sociedad envejece con rapidez, disminuye el peso relativo de la población en edad de trabajar, aumenta la carga de dependencia y comienzan a resentirse la productividad, las finanzas públicas, los sistemas de pensiones, la sostenibilidad fiscal y el dinamismo económico.

Ni siquiera África, que sigue siendo la región más joven del planeta, está por fuera de esta tendencia. También allí la fecundidad viene cayendo de manera sostenida. La diferencia es que parte de niveles más altos y conserva todavía una estructura etaria mucho más joven que la de Europa o Norteamérica. Eso significa que el problema global no es, al menos por ahora, una desaparición inminente de la especie humana. El problema es otro: el desbalance creciente entre menos nacimientos, más longevidad y menor expansión de la población en edad productiva.

En ese contexto, la migración deja de ser únicamente una cuestión humanitaria o fronteriza y pasa a convertirse también en una variable estratégica de sostenimiento demográfico y económico.

La migración no reemplaza políticas públicas, pero sí amortigua el deterioro

Los organismos multilaterales llevan años señalándolo con claridad. El envejecimiento poblacional puede desacelerar el crecimiento económico y tensionar las estructuras productivas. Pero también indican que esos efectos pueden amortiguarse mediante una combinación de mayor productividad, más participación laboral y migración.

Es decir: la migración no es una solución mágica, pero sí puede ser parte de la solución.

Eso se observa con nitidez en países de fecundidad muy baja como Canadá y Estados Unidos. En ambos casos, la llegada de población migrante joven ayuda a sostener la fuerza laboral, a mantener la base contributiva y a evitar que el envejecimiento se traduzca más rápidamente en estancamiento. La inmigración, en ese sentido, no solo agrega habitantes; agrega trabajadores, consumidores, contribuyentes, demanda y, en muchos casos, capacidad de renovación social.

Canadá es uno de los ejemplos más claros. Con una fecundidad que ha caído a mínimos históricos, su crecimiento poblacional reciente ha dependido casi por completo de la inmigración. Cuando el ingreso de residentes no permanentes se desaceleró, el crecimiento poblacional se aproximó a cero. La señal es inequívoca: en sociedades de baja fecundidad, la inmigración ya no es un fenómeno periférico; es un componente central de la estabilidad demográfica.

Estados Unidos se mueve en la misma lógica. Una caída abrupta de la inmigración debilita el crecimiento de la población adulta y, con ello, la expansión de la fuerza laboral. En una economía envejecida, con fecundidad persistentemente por debajo del reemplazo, eso no es un detalle menor. Es un asunto estructural.

Colombia presenta un escenario más mixto, pero no ajeno a la misma tendencia. También está por debajo del nivel de reemplazo y enfrenta las tensiones propias del envejecimiento poblacional. En ese marco, la migración puede representar tanto desafíos como oportunidades. El impacto final depende de la capacidad del país para integrar a la población migrante al mercado laboral, al sistema educativo, al sistema de salud y a la institucionalidad económica.

Dicho de otro modo: la migración no produce automáticamente prosperidad. Pero expulsar o bloquear de manera indiscriminada a la población migrante tampoco resuelve los problemas estructurales de una sociedad con fecundidad baja y envejecimiento creciente. Al contrario, puede agravarlos.

Los hijos de inmigrantes no son una amenaza demográfica

Uno de los temas más manipulados en el debate contemporáneo es el de la natalidad de las mujeres migrantes, especialmente de las madres indocumentadas. Sobre este punto conviene ser rigurosos y evitar simplificaciones.

Hoy no existe una tasa oficial anual, limpia y específica, publicada por las autoridades federales, que permita comparar de manera exacta la fecundidad de mujeres indocumentadas, residentes permanentes y ciudadanas estadounidenses. Esa precisión estadística no existe en la forma en que muchos discursos políticos sugieren que existe. Lo más sólido disponible proviene de estimaciones demográficas elaboradas a partir de grandes encuestas poblacionales y ajustadas con registros oficiales de nacimientos.

Esas estimaciones muestran que, en 2023, hubo en Estados Unidos cientos de miles de nacimientos de madres indocumentadas o con estatus temporal legal, representando alrededor del 9 % del total nacional. Dentro de ese grupo, la mayor parte correspondería a madres indocumentadas.

La evidencia sugiere, además, que la fecundidad de ese subgrupo es superior al promedio nacional. Pero aquí es fundamental la honestidad intelectual: una cosa es afirmar que existe una fecundidad relativamente más alta en ciertos grupos migrantes, y otra muy distinta es usar ese dato como combustible retórico para construir una narrativa de “invasión” o de “amenaza reproductiva”.

Ese argumento no resiste un análisis demográfico serio.

En países con fecundidad por debajo del reemplazo, los nacimientos de hijos de migrantes no representan una carga existencial para la nación, sino un elemento que puede contribuir, al menos parcialmente, a moderar el envejecimiento y a sostener el equilibrio poblacional de largo plazo. Otra cosa es que ese efecto requiera políticas de integración, educación, salud, vivienda e inserción laboral. Pero demográficamente, presentar esos nacimientos solo como un problema es una falsificación de la realidad.

Hay, además, una precisión que suele olvidarse: para aliviar una escasez laboral inmediata, lo que más pesa es la llegada de adultos jóvenes en edad productiva. Los niños nacidos hoy aportarán, sobre todo, al equilibrio futuro. Ambos fenómenos importan, pero en tiempos distintos. La migración, por tanto, actúa en dos planos: como soporte laboral inmediato y como renovación poblacional a mediano y largo plazo.

El gran mito político: que el crimen “viene de afuera”

Si en materia demográfica el discurso político suele simplificar, en materia criminal muchas veces directamente deforma.

Se ha repetido hasta el cansancio que la violencia en Estados Unidos recae mayoritariamente sobre los migrantes, o que los migrantes constituyen el principal motor de la criminalidad. Esa afirmación, dicha con contundencia en discursos de campaña y amplificada por redes sociales, no cuenta con el respaldo de la mejor evidencia disponible.

Lo primero que hay que decir es incómodo, pero esencial: Estados Unidos no tiene un sistema nacional integral que cruce de manera completa crimen y estatus migratorio. El propio sistema federal de reporte criminal no recoge de forma sistemática la ciudadanía o el estatus migratorio de ofensores y víctimas, y tampoco existe una fotografía nacional completa y homogénea en cárceles estatales y locales, que es precisamente donde se concentra la inmensa mayoría de la población encarcelada.

Esa ausencia de datos nacionales integrales debería ser suficiente para desmontar cualquier afirmación absoluta del tipo “los migrantes son los principales responsables del crimen”. Si el sistema no mide de manera completa esa variable, no se puede sostener con rigor una acusación tan amplia.

Pero incluso con esa limitación, la evidencia comparativa más seria disponible apunta en una dirección consistente: los inmigrantes, incluidos los indocumentados, suelen mostrar tasas más bajas de arresto, condena y encarcelamiento que los nacidos en Estados Unidos.

Texas ofrece uno de los pocos escenarios con información comparativa más robusta. Allí, análisis basados en registros administrativos encontraron que, durante varios años, los indocumentados presentaron tasas de arresto inferiores a las de los nacidos en Estados Unidos en delitos violentos, delitos de drogas, delitos contra la propiedad e incluso homicidio. Los inmigrantes documentados, por su parte, solían ubicarse entre ambos grupos o incluso por debajo.

Los datos de condenas muestran un patrón semejante. Y cuando se examina el encarcelamiento a escala nacional mediante estudios históricos y estimaciones poblacionales, la dirección general se mantiene: los inmigrantes aparecen menos encarcelados que los nacidos en el país.

Nada de esto significa que no haya delincuentes migrantes. Eso sería absurdo. En toda población humana existe criminalidad. Lo que significa es algo mucho más preciso y mucho más importante: la evidencia no respalda la tesis de que los migrantes sean el principal motor de la violencia o del delito en Estados Unidos.

Cuando se mezclan delitos migratorios con criminalidad común

Otra trampa frecuente del debate consiste en inflar la percepción de criminalidad migrante mediante el uso confuso de datos federales.

Cuando se observa el sistema penal federal, la presencia de no ciudadanos puede parecer alta. Pero esa lectura, por sí sola, induce a error. ¿Por qué? Porque el propio sistema federal procesa una gran cantidad de delitos migratorios: entrada irregular, reingreso ilegal, violaciones asociadas al control fronterizo y otras conductas que no equivalen a los delitos violentos o patrimoniales que la opinión pública suele imaginar cuando escucha la palabra “crimen”.

Esa diferencia importa mucho. No es lo mismo un homicidio que una infracción migratoria; no es lo mismo una detención administrativa que una condena por robo violento; no es lo mismo la presencia en una instalación de ICE que la participación en una estructura criminal organizada.

Y, sin embargo, en el debate público esas categorías se mezclan deliberadamente. Se acumulan cifras heterogéneas, se suman manzanas con naranjas y luego se presenta el resultado como prueba de una amenaza uniforme. No lo es. Es, en el mejor de los casos, una lectura metodológicamente defectuosa; en el peor, una manipulación política.

La realidad no cabe en un estereotipo

La discusión se vuelve todavía más compleja cuando se introduce la variable racial o étnica. Tampoco aquí existe una tabla nacional oficial que cruce de manera simultánea raza, ciudadanía, estatus migratorio, arresto, condena y encarcelamiento. Lo que sí existe es evidencia de que las desigualdades raciales del sistema penal estadounidense son profundas y persistentes.

También existen estimaciones que indican que, dentro de una misma raza o grupo étnico, los inmigrantes legales e ilegales tienden a mostrar tasas de encarcelamiento inferiores a las de los nacidos en Estados Unidos. Pero incluso esos hallazgos deben leerse con cautela. “Migrante” no es una categoría homogénea. No todos tienen el mismo origen, el mismo nivel educativo, la misma trayectoria laboral, la misma historia familiar ni la misma forma de inserción en la sociedad receptora.

Ese punto es crucial. La retórica política necesita bloques simples. La realidad no. La política ama los estereotipos porque simplifican la movilización del miedo. La evidencia, en cambio, obliga a matizar, a distinguir, a reconocer complejidades y a renunciar a la comodidad de los prejuicios.

Lo que dicen los datos, aunque no convenga al discurso

Después de revisar la evidencia disponible, la conclusión es incómoda para quienes han decidido convertir la migración en chivo expiatorio de todos los males contemporáneos.

Los datos no sostienen la tesis de que la violencia y la delincuencia en Estados Unidos estén principalmente impulsadas por los migrantes. Tampoco sostienen la idea de que la migración sea, en sí misma, una catástrofe demográfica. Más bien muestran lo contrario: en sociedades con fecundidad baja y envejecimiento acelerado, la migración puede desempeñar un papel relevante en la sostenibilidad laboral, poblacional y económica. Y en materia criminal, allí donde existen comparaciones más sólidas, los inmigrantes suelen registrar tasas menores que los nacidos en el país.

Eso no significa romantizar la migración ni negar sus desafíos. Integrar grandes flujos poblacionales exige instituciones fuertes, políticas públicas serias, inversión social, regulación laboral, infraestructura, vivienda, educación y capacidad estatal. También exige control fronterizo, legalidad y orden. Pero una cosa es defender el orden y otra muy distinta es construir falsedades útiles para la propaganda.

La migración no puede analizarse con eslóganes. Mucho menos con miedo. Se necesita algo cada vez más escaso en el debate público: honestidad, memoria histórica y respeto por la evidencia.

Porque cuando la política acusa y los datos desmienten, el problema ya no es la migración. El problema es la mentira convertida en gobierno de la opinión.