El abogado del criminal: legalidad, ética y dinero manchado

No todo lo legal es ético. Esta frase, repetida tantas veces, adquiere especial fuerza cuando observamos a ciertos abogados penalistas que construyen fortunas defendiendo a narcotraficantes confesos, paramilitares, lavadores de activos o personajes asociados a redes internacionales de corrupción. El argumento defensivo suele ser claro: “Yo no cometo delitos. Solo ejerzo el derecho de defensa”. Y, jurídicamente, puede tener razón. Pero la pregunta de fondo no es solo penal; es moral.

En un Estado de derecho, incluso el peor criminal tiene derecho a defensa. Negar ese principio sería abrir la puerta a la arbitrariedad, al linchamiento judicial y al abuso del poder estatal. El derecho de defensa protege al inocente, pero también limita al Estado frente al culpable. Por eso, defender a una persona acusada, incluso si ha confesado graves delitos, no es en sí mismo inmoral. El abogado puede exigir pruebas legales, debido proceso, garantías constitucionales y una pena proporcional. Esa función es necesaria para que la justicia no se convierta en venganza.

Sin embargo, hay una diferencia profunda entre defender derechos y convertirse en arquitecto privado de la impunidad. No es lo mismo representar a un acusado para garantizarle un juicio justo, que escoger sistemáticamente como clientes a criminales poderosos porque pagan millones provenientes de economías construidas sobre sangre, secuestro, corrupción, droga, desplazamiento y muerte. Ahí la discusión cambia. El abogado podrá decir: “Ese dinero son honorarios”. Pero moralmente queda una pregunta abierta: ¿puede una fortuna ser limpia cuando nace de dineros manchados por el sufrimiento de miles de víctimas?

Algunos comparan al abogado penalista con el médico de urgencias que atiende a guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares o asesinos. La comparación tiene una parte válida, pero también un límite claro. El médico está obligado ética y profesionalmente a preservar la vida sin discriminar. Su deber inmediato es salvar, estabilizar, aliviar el dolor. Además, en una urgencia no escoge pacientes como quien selecciona una cartera de clientes rentables. El abogado privado, en cambio, normalmente sí puede elegir a quién representa. Salvo cuando actúa como defensor de oficio o defensor público, su aceptación del caso es voluntaria. Y donde hay libertad de elección, hay responsabilidad moral.

También es cierto que pedir una condena razonable no es ilegítimo. La proporcionalidad de la pena es un principio esencial de justicia. Ningún acusado debe recibir una sanción arbitraria o desmedida. Pero otra cosa es usar el lenguaje de la “razonabilidad” para reducir al mínimo las consecuencias de delitos atroces, invisibilizar víctimas, fragmentar responsabilidades o convertir la negociación penal en una estrategia sofisticada de impunidad. La justicia no debe ser venganza, pero tampoco puede ser una subasta donde el criminal poderoso compra mejores resultados.

El punto más delicado es el origen del dinero. Un abogado no puede cerrar voluntariamente los ojos ante la procedencia de sus honorarios. Cuando sabe, presume o decide no preguntar porque le conviene, entra en una zona moral oscura. Puede que no esté lavando activos en sentido técnico. Puede que no sea penalmente responsable. Pero sí puede estar participando en una economía ética de la indiferencia: cobrar mucho, saber poco, mirar hacia otro lado y llamarlo profesionalismo.

La sociedad necesita abogados penalistas. Necesita defensores fuertes, inteligentes y capaces. Incluso los culpables deben ser defendidos, porque sin defensa no hay justicia, solo poder. Pero también necesita abogados con conciencia moral, no simples técnicos de la absolución. La ética profesional no se mide únicamente por no violar el código penal; se mide por el tipo de justicia que se ayuda a construir.

En conclusión, el abogado no es culpable por defender al culpable. Pero sí puede ser moralmente responsable por las causas que escoge, los dineros que acepta, las estrategias que utiliza y la indiferencia que muestra frente a las víctimas. Defender derechos es noble. Enriquecerse sistemáticamente con fortunas criminales, mientras se ayuda a disminuir la rendición de cuentas de quienes destruyeron vidas, puede ser legal. Pero difícilmente puede llamarse ético.