La tragedia que comienza cuando termina la emergencia

Todavía Colombia está contando muertos, atendiendo heridos y buscando desaparecidos. Esa es la tragedia inmediata, la que vemos todos los días en televisión y redes sociales. Pero mientras avanzan los rescates empieza otra etapa, menos espectacular y probablemente mucho más larga: reconstruir lo que el terremoto destruyó en cuestión de segundos.

Las cifras de la UNGRD muestran la dimensión del problema: 12.828 viviendas destruidas, 73.455 viviendas averiadas y 121 edificios colapsados.

No son solamente números.

Entre viviendas destruidas y averiadas estamos hablando de 86.283 unidades habitacionales afectadas. Si utilizamos, únicamente para dimensionar el problema, un promedio conservador de tres personas por vivienda, estaríamos hablando de cerca de 259.000 colombianos vinculados a hogares directamente afectados.

Dentro de esa población hay una situación especialmente dolorosa. Las 12.828 viviendas totalmente destruidas representarían, con ese mismo promedio, unas 38.484 personas que perdieron su casa. Podrán dormir donde un familiar, en un hotel, en un albergue o bajo una carpa, pero su hogar dejó de existir. En muchos casos no perdieron solamente paredes y techo: debajo de los escombros quedaron ropa, muebles, documentos, medicamentos, herramientas de trabajo, fotografías y buena parte del patrimonio construido durante años.

Las otras 73.455 viviendas permanecen en pie, pero están averiadas. Algunas necesitarán reparaciones menores; otras, intervenciones estructurales importantes. Habrá también viviendas que aparentemente resistieron pero que, después de una evaluación técnica, probablemente no podrán volver a habitarse.

Y el balance registra por separado 121 edificios colapsados. Todavía no conocemos cuántos apartamentos contenían ni si esas unidades ya están incorporadas en el número de viviendas destruidas. Pero pensemos solamente en la magnitud: un edificio modesto de cinco pisos, con tres apartamentos por piso y tres personas por apartamento, tendría 45 residentes. Aplicado a 121 edificios, estaríamos hablando hipotéticamente de 5.445 personas. No las sumo al total porque podríamos duplicar el conteo, pero el ejercicio permite entender lo que significa realmente decir que 121 edificios se vinieron abajo.

La destrucción tampoco termina en las viviendas.

La UNGRD reporta 240 centros de salud afectados, 2.205 centros educativos y 1.208 centros comunitarios, además de daños en carreteras, puentes, acueductos, aeropuertos y otra infraestructura pública.

En el Valle del Cauca, el Hospital Local de Argelia sufrió el colapso de su infraestructura y quedó fuera de servicio. El Hospital Universitario del Valle presentó afectación estructural parcial, con áreas como Pediatría, Neonatología y Medicina Interna comprometidas. En el Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo se informó que aproximadamente el 70 % de la infraestructura tendría que ser demolida. También existen daños importantes en los hospitales de El Águila y Zarzal.

En Buenaventura, la Clínica Santa Sofía presentó una afectación cercana al 70 % de su infraestructura.

Como médico, sé lo que significa cerrar camas hospitalarias en medio de una emergencia. Los enfermos no desaparecen porque el hospital se haya dañado. Hay que trasladarlos. Las urgencias se congestionan. Los partos continúan, los niños siguen enfermándose y los pacientes crónicos necesitan tratamiento, precisamente cuando el sistema sanitario enfrenta una demanda extraordinaria.

Con los 2.205 centros educativos afectados sucede algo parecido. No estamos hablando solamente de paredes agrietadas. Estamos hablando de miles de niños y jóvenes cuya educación puede quedar interrumpida durante semanas o meses y de familias enteras obligadas a reorganizar su vida mientras se habilitan espacios temporales o se recupera la infraestructura.

Y después viene la factura.

Antes del terremoto Colombia ya discutía un ajuste del gasto público cercano a 20 billones de pesos para enfrentar el déficit y el endeudamiento. Ahora, estimaciones económicas preliminares sitúan también alrededor de 20 billones de pesos los recursos que podrían necesitarse para atender la emergencia e iniciar la reconstrucción. AmCham Colombia incluso ha advertido que el costo puede superar esa cifra.

Todavía nadie sabe cuánto terminará costando realmente.

No me preocupa la solidaridad de estos primeros días; al contrario, me conmueve. Me preocupa nuestra capacidad de olvidar con la misma rapidez con la que hoy nos movilizamos.

Mocoa debería habernos enseñado algo. Después de la tragedia de 2017 llegaron recursos, donaciones y promesas de reconstrucción. Años después todavía existían proyectos habitacionales pendientes, retrasos y actuaciones de los organismos de control por presuntas irregularidades. No necesitamos exagerar esa historia para entender la advertencia.

La segunda fase de este terremoto necesitará dinero, pero sobre todo organización, transparencia y memoria. Cada dólar enviado desde el exterior y cada peso público destinado a la reconstrucción debería poder seguirse hasta saber dónde terminó y quién recibió la ayuda.

Los terremotos duran segundos.

La verdadera prueba para un país comienza después, cuando las cámaras se van y los damnificados siguen allí.